QUITO.- El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), principal acusador en el juicio político en contra del excontralor del Estado, Pablo Celi de la Torre, ratificó su solicitud de censura en contra del exfuncionario por falta de probidad en el ejercicio del cargo más alto de la Contraloría del Estado.
QUITO.- El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), principal acusador en el juicio político en contra del excontralor del Estado, Pablo Celi de la Torre, ratificó su solicitud de censura en contra del exfuncionario por falta de probidad en el ejercicio del cargo más alto de la Contraloría del Estado.
Afirmó que han convertido a la Contraloría en una organización planificada con la concurrencia de ciertos funcionarios para delinquir con el “emperador” a la cabeza, autodenominado contralor general del Estado subrogante, con la venia de ciertas autoridades que en su momento deberán rendir cuentas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que el informe se elaborará más allá de las acusaciones planteadas por el interpelante.
USURPACIÓN
El asambleísta Lloret empezó su exposición señalando que el expediente personal laboral del excontralor Pablo Celi fue incautado el 16 de junio pasado por parte de la Fiscalía del Estado; por lo que se hizo una petición a la Fiscalía para que se remita este documento.
Con el expediente, añadió, se pretendía determinar la inconsistencia de la designación de Celi como contralor subrogante.
En la primera acusación sobre usurpación de funciones, el interpelante mostró una serie de comunicaciones y un testimonio que incluye al excontralor Carlos Pólit y de la exfuncionaria Sabett Chamoun.
DECLARACIÓN JURAMENTADA
Lloret mostró una declaración juramentada del 7 de junio de 2017, del excontralor Carlos Pólit, donde da cuenta de que el 25 de mayo de ese año realizó una acción de personal donde dispuso la remoción del cargo de subcontralor general de Pablo Celi de la Torre, la que debió regir a partir del 2 de junio de 2017, y designó a Sabett Chamoun en su remplazo. Pero que esa remoción no fue recibida por Celi, quien rompió la acción de personal.
Con ello, según el acusador, se habría configurado una usurpación, y que Pablo Celi no habría asumido el cargo de subcontralor general del Estado e incluso dispuso la destitución de 20 funcionarios incluida a Chamoun. Que incluso el 21 de junio de 2017, Celi mediante una resolución suscrita por él mismo se autoproclamó subcontralor.
Que toda esta acción fue legitimada el 8 de mayo de 2019 por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio; un funcionario que nunca fue evaluado y buscó dar legitimidad de un acto administrativo que no existe, afirmó el interpelante.
Respecto a la acusación sobre los informes a favor de Odebrecht, Lloret destacó que mientras en otros países se procesaba a la empresa por actos de corrupción, en Ecuador las autoridades del Estado se reunían con los representantes de la empresa para ponerse de acuerdo con la empresa internacional para la recuperación de recursos. Que el 7 de octubre de 2020, se presenta una demanda de $ 280 millones sobre el poliducto Pascuales-Cuenca; pero resulta que quien aprobó los informes sobre Odebrecht fue el acusado.